lunes, 22 de diciembre de 2014

La policía Metropolitana acosa a una médico abortista

La policía Metropolitana acosa a una médico abortista La policía Metropolitana acosa a una médico abortista Las prioridades de la Policía Metropolitana quedaron ayer en evidencia. La División de Investigaciones Telemáticas dedicó cinco meses de trabajo de inteligencia para ubicar un consultorio clandestino del barrio de Boedo, donde un médico realizaba abortos, según informó la propia fuerza a través de un comunicado de prensa destacado ayer en su página web. Para darle más espectacularidad a la noticia, la Metropolitana entregó las imágenes del allanamiento a Telefe. La cesión de la filmación fue confirmada a Página/12 por un vocero de la PM. En diálogo con este diario, la diputada porteña María Elena Naddeo cuestionó las prioridades del gobierno porteño y destacó que la penalización del aborto es la que causa la inseguridad a las mujeres y atenta contra sus derechos sexuales y reproductivos. “Las prioridades en política de la Ciudad deberían ser otras, en lugar de perseguir a médicos y a mujeres que necesitan un aborto. Los esfuerzos institucionales deberían estar encauzados hacia despenalizar el aborto, en vez de perseguir a quienes les brindan una solución a mujeres desesperadas, ya que nadie llega a esta instancia alegremente”, consideró Naddeo. Telefe difundió el operativo en sus distintos noticieros con amplio despliegue. El informe periodístico, armado con las imágenes que dio la PM, mostró el ingreso violento al consultorio de los efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri para combatir la inseguridad ciudadana. Literalmente, abren a las patadas la puerta del departamento, ubicado en Carlos Calvo al 1600. Irrumpen cuando el médico, vestido con su ambo, estaba atendiendo a una mujer. El comunicado de prensa informó que había “una paciente en la camilla a la que estaba por colocarle un suero con medicamentos para practicarle un aborto”. Las imágenes suministradas por la PM ponen en primer plano a la mujer. Una efectiva policial le baja la cabeza, pero su rostro no se ve pixelado. Quien la conoce, la puede identificar fácilmente. Lo que sí se ocuparon de pixelar desde la PM es el brazo de la paciente, con la sonda colocada para el suero. Así protegieron la privacidad de la mujer –se la veía joven–, que ante un embarazo no deseado decidió recurrir a un aborto y por la criminalización de esa práctica en el país cayó en un consultorio clandestino. Con respecto al médico –cuya identidad fue ampliamente difundida por la fuerza–, se preocuparon por cubrir su rostro pixelándolo, pero pusieron especial énfasis en enfocar la cámara para mostrar sus manos esposadas. La División de Investigaciones Telemáticas de la Metropolitana, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos del médico que practicaba interrupciones voluntarias de embarazo y ofrecía sus servicios a través de Internet. “Una vez recolectadas las pruebas principales, el doctor Martín Zavaleta, de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, autoriza la intervención de los IP de la página de Internet, el blog y las cuentas de correo y también de los celulares para certificar que esta persona realizaba los abortos”, informó el comunicado de prensa de la fuerza. Los IP son la identificación de las computadoras y permiten localizar a su usuario. Uno de los diálogos grabados entre una paciente (o supuesta paciente) y el médico fueron también entregados para su difusión al canal. Telefe lo incluyó en su informe. La voz puede ser fácilmente identificable por quienes conocen a esa mujer. El gobierno porteño expuso así su intimidad: se supone que cursaba un embarazo no deseado y quería interrumpirlo. No había cometido ningún delito. En el caso tomó intervención el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, a cargo de Gabriela Angana. La causa fue caratulada como ejercicio ilegal de la medicina. Angana ordenó el allanamiento realizado en el consultorio en la mañana del miércoles, unos diez minutos después de la llegada de la paciente, según informó la PM. El médico detenido fue trasladado a la comisaría comunal Nº 12 del barrio de Saavedra y puesto a disposición de la Justicia. La mujer, a un hospital en una ambulancia del SAME, según muestran las imágenes filmadas por la propia fuerza. En diálogo con Página/12, la diputada Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) destacó que el caso del médico detenido en el barrio de Boedo que ofrecía abortos por Internet ocurre porque “incluso en las circunstancias en que el aborto está permitido por el Código Penal, el sistema de salud no garantiza la realización de un aborto a las mujeres que lo necesiten”. El médico cobraba entre 2500 y 6000 pesos cada intervención, según la edad de la mujer y las posibilidades de pagar que tuviera. La clandestinidad alimenta un suculento negocio. Naddeo recordó el grave impacto sanitario de la penalización del aborto en la Argentina: “En nuestro país se realizan unos 500 mil abortos cada año. La penalización del aborto condena a las mujeres de sectores más vulnerables, que no pueden pagar para realizarse un aborto, a la clandestinidad; a condiciones de falta de higiene e inseguridad sanitaria que en muchos casos las llevan a la muerte”. Desde hace más de treinta años, las consecuencias de los abortos inseguros, realizados con métodos precarios, son la principal causa de mortalidad materna en el país. [Fuente: Por Mariana Carbajal, Pag12, Buenos Aires, 10jun11]

domingo, 21 de diciembre de 2014

¿Nunca más?

las12 VIERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2014 SALUD ¿Nunca más? En un acto histórico, el Estado le pidió perdón públicamente a una mujer discapacitada por haberle negado el acceso al aborto después de una violación. Esta es la primera de una serie de medidas reparatorias que sin embargo hacen un nítido contraste con la cotidianidad de miles de mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos ni siquiera en los casos exceptuados de la penalización –cuando está en riesgo la salud de la gestante o cuando el embarazo es producto de una violación–, tal como lo indica la ley argentina y lo reforzó un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Cada aborto clandestino pone en riesgo la salud de las mujeres, alcanza con una mirada comparativa entre los números de muertes de gestantes en Uruguay –donde la interrupción del embarazo es legal y gratuita– y en nuestro país para comprobarlo: mientras Argentina sigue incumpliendo la reducción de muertes como se había comprometido con Naciones Unidas, del otro lado del Río de la Plata lograron la tasa más baja de mortalidad asociada al embarazo, parto y puerperio en América latina, y ni una sola de esas muertes es por abortos legales. ¿Hasta cuándo? Por Luciana Peker Volaba de fiebre. Por eso, el domingo 16 de diciembre una joven de 27 años fue, con su pareja, al Hospital Público Materno Infantil de Salta. Tenía septicemia. Le había pagado a una señora que le puso una gelatina en la vagina para provocarle un aborto. Se encuentra en terapia intensiva en grave estado. El 18 de noviembre, en Los Pinos, La Matanza, una mujer de 36 años murió desangrada en la habitación 323 del hotel alojamiento Centenera. Ella fue a buscar un refugio para poder dejar que su cuerpo exhalara sin escondites la interrupción de su embarazo con medicamentos que no supo maniobrar. La cama que le negó el sistema de salud no pudo contener la sangre y terminó acaparando su cuerpo sin vida por una hemorragia. El miércoles 10 de diciembre, mientras la democracia soplaba sus treinta y un años, la mayor deuda del Congreso de la Nación con las mujeres se cobraba la falta de aborto legal, seguro y gratuito con un show mediático en donde la carne fue el cuerpo de las mujeres. Con un allanamiento chiflado a las cámaras, de la Policía Federal Delegación San Martín, se irrumpió en un local partidario en Ciudadela en donde se encontraba Ariel Omar Herrera, ex diputado provincial y cofundador del Modin con Aldo Rico y ahora integrante de Unión Popular. La ilegalidad también es un negocio en donde se cobra alrededor de diez mil pesos por un aborto. En el momento del allanamiento tres jóvenes se estaban practicando abortos. Las escracharon por televisión mientras el epígrafe de C5N anunciaba que se trataba de “La clínica del horror” (como si ellas fuesen parte de una escenografía monstruosa), las llevaron a un hospital en donde les hicieron violentos tactos, no las dejaron permanecer con sus familiares y las procesaron en una causa por aborto y asociación ilícita. La salud, la vida, la libertad, la dignidad y la intimidad: todo eso ponen en juego, cada día, cuando no pueden o quieren continuar con un embarazo. El Estado le pidió perdón a L. M. R. por haberle negado su derecho a un aborto legal. ¿Cuándo les va a pedir disculpas a tantas mujeres todos los días por terminar incomunicadas, enfermas, asustadas, inseguras, presas, maltratadas, estafadas, culpabilizadas, escrachadas, estigmatizadas o muertas? ¿Cómo se pide perdón? ¿Y si del –bienvenido– perdón se pasa a la –reclamada– acción de legalizar el aborto? El proyecto para que todas las mujeres puedan concurrir a un hospital público o privado para interrumpir su embarazo espera en el Congreso Nacional. Ninguna muerte por aborto es posible “Hay que asumir las acciones que permitan salvar más vidas”, dijo, práctico y al grano, el presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica. En la gestión anterior del Frente Amplio el ex mandatario (ahora nuevamente elegido para volver a la presidencia) Tabaré Vázquez había vetado la legalización del aborto. Sin embargo, el proyecto volvió a tratarse y aprobarse en el Congreso. Se puso en marcha en el 2012. Los resultados son tajantes: no murió una sola mujer en una interrupción legal del embarazo y hubo sólo un uno por ciento de complicaciones. El charco está tan cerca que el reflejo ilumina. En Uruguay no solamente, desde hace dos años, el aborto es legal. Desde antes el sistema público informaba en consejerías de atención pre y post aborto cómo podían hacer las mujeres para no morir ni lastimarse y siempre las atendían después de la intervención. El ginecólogo Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Publica de Uruguay, resalta ante Las/12 los logros del país vecino: “Uruguay hoy tiene la menor mortalidad materna de América, sólo aventajado por Canadá. La disminución del aborto inseguro ha sido la principal causa de este logro. ¿Cómo se llegó a esta situación? Mediante la aplicación, desde el 2001, del modelo de reducción de riesgo y daños en el aborto ilegal que implica que, más allá de la ilegalidad, el Estado y los equipos de salud deben asesorar y acompañar a las mujeres que cursan embarazos no deseados o no aceptados para que, si no pueden continuar el embarazo, lo interrumpan con el menor riesgo posible. En otras palabras, una mujer que cursa un embarazo no deseado no deja de ser una ciudadana sujeta de derechos y, en particular en ese momento tan crucial, del derecho a la atención en salud. El uso de misoprostol fue un instrumento fenomenal para disminuir el riesgo, siempre en el contexto de la consulta en el sistema asistencial”. Por eso, Briozzo festeja: “Con la aplicación de esta estrategia y con el esfuerzo de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento de mujeres, se logró llegar a la despenalización hace dos años. Esta ley busca disminuir el número de abortos y se articula con las políticas de educación en salud sexual y reproductiva y los servicios de anticoncepción universal”. En Uruguay la Razón de la Mortalidad Materna (RMM) cada 10.000 nacidos vivos es de 1,4. El único lugar del continente con más garantía de vida para las mujeres es Canadá, con 1,1 de RMM. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el sueño americano les da menos seguridad a sus ciudadanas, con una cantidad de fallecidas por embarazo, parto o puerperio de 2,8 cada 10.000 nacidos/as vivo/as. “En Uruguay la mortalidad materna por aborto inseguro ya fue de cero con el modelo de reducción de riesgo y daño. Antes de la despenalización ya habíamos logrado este objetivo”, subraya Briozzo. En el país que en el verano todos van a contemplar para pasar revista en Punta hay otros logros que mirar. Desde 1990 al 2000 el aborto inseguro era la principal causa de mortalidad materna en las mujeres. Ese dato ya es de museo. Se aplicó tolerancia cero a las muertes por aborto. En la Argentina, en cambio, se entierra a 3,5 mujeres por causas maternas cada 10.000 nacidos vivos. El aborto sigue siendo la primera causa de estas pérdidas (en el 20 por ciento de los fallecimientos de mujeres en el embarazo, parto o puerperio), según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) en base a cifras del Ministerio de Salud de la Nación, del 2012, ya que no hay difundidas nuevas estadísticas. Sólo en un año –2012– perdieron la vida 258 mujeres por ser mujeres. El 20 por ciento de ellas por no querer ser o no querer volver a ser madres. La RMM es de 3,5 muertes cada 10.000 nacidos vivos e incumple –escandalosamente– el compromiso de la Argentina firmado con Naciones Unidas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir, para el 2015, en tres cuartas partes las mujeres que se quedan en el camino cuando un test les da positivo. La Argentina tenía que lograr, el año que viene, una mortalidad materna de 1,3 muerte cada 10.000 nacidos vivos. Argentina no llega a esa meta y va a quedar en rojo en el boletín que le pedía preservar la vida de sus ciudadanas y no condenarlas a perder la vida por su potencialidad fértil. Pero la condena interna también marca la deuda de las desigualdades interiores. En Formosa la mortalidad materna, la más alta del país, es de 15 mujeres cada 10.000 nacimientos. En más de la mitad de las provincias (trece de veinticuatro jurisdicciones) las pérdidas de mujeres por un embarazo mal conducido por el sistema de salud como gatillo superan el promedio de RMM nacional y en Formosa, Chaco, Jujuy y Misiones se duplica o triplica el riesgo de morir por nacer mujer. La inequidad de las más olvidadas se clava como una estaca en el horizonte de futuro de quienes menos ganan y más pierden, como si todavía ser mujer tuviera el riesgo de venir acompañado de una lápida temprana. O de estar condenada a conseguir recetas de misoprostol que los médicos prefieren firmar en nombre de los varones para no poder ser imputados en ninguna causa judicial, a comprar blisters en sistemas clandestinos que ponen el precio descuidado de la ilegalidad, que no garantizan la eficacia ni la calidad de los medicamentos y que generan un mercado paralelo en donde se lucra con el cuerpo de las mujeres desesperadas. “La ilegalidad del aborto supone una amenaza para la vida de las mujeres pobres, el acceso al misoprostol es dificultoso –ya que no se consigue sin receta– y juntar el dinero para adquirir las pastillas no suele ser una tarea sencilla”, dictamina la trabajadora social Lorena Gargiulo desde la cotidianidad de escuchar en un centro de salud de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires el grito desesperado de mujeres que no llegan a juntar los billetes. Clandestinidad y asociación ilícita “Policía interrumpe aborto clandestino”, decía el epígrafe rojo de la pantalla de C5N, en el que ya podía imaginarse a mujeres en camilla espantadas por el ingreso de la Policía Federal a un momento de intimidad brutal. Pero la imaginación no basta. La televisión mostró a las tres jóvenes –que prefieren no hablar públicamente pero que sí están a favor del repudio público a ese procedimiento– en camilla saliendo del local partidario de un ex Modin, ligado a un sector político de la derecha conservadora. “La clínica del horror”, titulaba el canal de noticias en el que las cámaras llegaron con los patrulleros y ningún periodista relató el procedimiento en el marco de la pelea política por el fin de la clandestinidad. La investigación por asociación ilícita y aborto la inició la Justicia en agosto. Pero actuaron justo cuando había tres jóvenes en medio de una intervención y las tuvieron detenidas durante 24 horas. Las chicas (que tienen entre veinte y treinta años) fueron llevadas al Hospital Ramón Carrillo. En contra del protocolo de atención post aborto del Ministerio de Salud, a una de las jóvenes le hicieron un tacto de forma muy violenta. Y la dirección del centro de salud les prohibió las visitas, por lo que no pudieron estar acompañadas ni contenidas en medio de un procedimiento de salud interrumpido por un estruendoso operativo policial y judicial. Están en vilo sobre su situación, ya que, probablemente, recién sean llamadas a declarar después de la feria judicial, en febrero. Las tres mujeres, hasta ahora, están procesadas y son representadas por la defensoría oficial de San Martín. Más allá de eso, la abogada Lourdes Bascary, del CELS, acompañó a las jóvenes para evitar que se produjeran mayores vulneraciones. Hasta ahora se presume que la fiscalía no va a pedir el procesamiento de las mujeres, especialmente porque no es válido constitucionalmente usar el propio cuerpo como elemento probatorio para incriminarlas. Bascary apunta que, a partir del operativo en Ciudadela, a la inseguridad sanitaria ahora se suma la inseguridad legal y de exposición mediática para las mujeres que abortan: “Es poco frecuente que una medida que cuenta con el elemento sorpresa, como un allanamiento, pueda darse con la cobertura de los medios, algo muy sensible que potenció la violencia de la que estaban siendo víctimas las tres mujeres apresadas. En general, el negocio del aborto clandestino –inmenso– no suele ser molestado por investigaciones criminales. Nunca se vio que este tipo de procedimientos se haga en clínicas en donde reciben atención mujeres de mayores ingresos. En la Argentina abortan mujeres de todas las clases sociales en la clandestinidad. La diferencia entre posiciones económicas reside en la seguridad que tienen al momento de recibir esa atención médica y, a partir de ahora, en que las más ricas no son molestadas por la Justicia penal y las cámaras”. Celeste Mac Dougall, activista de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, docente y especialista en educación sexual integral, apunta: “Fue una acción política: un local partidario (de una agrupación relacionada con el Modin y con el duhaldismo) y el intendente de San Martín (Gabriel Katopodis, del Frente Renovador). Lo interesante es ver cómo el territorio de disputa de estas internas partidarias y rencillas políticas es el cuerpo de las mujeres. Quienes fueron filmadas mientras salían en camilla tapadas con una frazada fueron esas tres mujeres”. El Estado pide perdón Las siglas L. M. R. marcan un antes y un después en la Argentina. Esas son las siglas del nombre de una chica que tenía 19 años en el 2006 y una edad mental de diez. Ella quedó embarazada producto de los abusos sexuales por parte de uno de sus tíos, que terminó detenido durante seis años por ese delito. Su mamá, Vicenta, descubrió el embarazo y pidió que le realizaran un aborto. La derivaron el Hospital San Martín, de La Plata, donde le iban a realizar la práctica, pero la frenaron por una orden judicial. Finalmente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sentenció que el aborto es legal, que debe realizarse y que no deben judicializarse estas situaciones. Pero el hospital dijo que el embarazo estaba muy avanzado. L. M. R. interrumpió su embarazo en el circuito clandestino. El 25 de mayo del 2007, Vicenta, apoyada por su otra hija, Verónica, presentó una queja ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañada por Estela Díaz, Edurne Cadernas, Susana Chiarotti, Cristina Zurutusa, Marta Alanis y Silvia Julia. El 29 de marzo del 2011 el Comité emitió un dictamen en donde ordenó reparar a L. M. R. y no repetir en el futuro casos similares. El 11 de diciembre se realizó un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en La Plata, en donde se le pidió perdón por parte del Estado. “El acto constituye una disculpa pública que incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades estatales. Se trata de un hecho histórico, porque el Estado argentino aceptó públicamente su responsabilidad internacional y además pidió perdón a la víctima del caso por no haber brindado acceso al aborto legal, incurriendo en trato cruel, inhumano y degradante a L. M. R. y su familia”, explica Cardenas, integrante del equipo de peticionarias y actualmente integrante del CELS. Aunque también subraya: “Festejamos este paso, pero todavía queda un largo camino para garantizar en todo el país el acceso al aborto legal”. Estela Díaz, secretaria de género de la CTA e integrante del equipo que realizó la demanda internacional, destaca la importancia del perdón: “Llevó ocho años de trabajo sostenido, articulado y silencioso, pero se logró. Es muy importante que el Estado reconozca la vulneración de derechos cuando no se realiza un aborto legal. En especial porque todavía hay problemas frecuentes para el acceso pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No hace falta ir lejos para verificarlo. El mismo hospital San Martín de La Plata, que ese 2006 fue parte de la restricción del acceso a la salud, este año repitió dos situaciones de negativa similares. Seguramente hay más, porque las conocemos cuando las mujeres no se resignan y reclaman contra la injusticia. Otras, lamentablemente callan, con resignación”. Díaz rescata que L. M. R. se iluminó no tanto con las palabras sino cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le regaló una caja con pinturas acrílicas para que sus cuadros –que se exhibieron como una demostración del valor potente del empoderamiento– sigan potenciando nuevas miradas. “Este ha sido un caso emblemático. Esto se lo debemos sobre todo a Vicenta y Verónica. Ellas llevaron la pelea a fondo y se defendieron como leonas. Con toda esa sabiduría popular, que no se aprende en ninguna universidad, que se trae en el sustrato cultural de las resistencias históricas de las excluidas de siempre, se puede decir que resistieron desde las entrañas”, valoriza Díaz. Y apuesta a la puesta en marcha de políticas públicas más comprometidas: “Deben profundizarse la educación sexual integral en todos los niveles de educación, el acceso a métodos anticonceptivos y el aborto legal. Esto no se consigue en voz baja”. Por su parte, Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina, también rescata y critica a la vez: “Es un gesto de mucho valor desde lo simbólico. El hecho de que funcionarios asuman la responsabilidad que le cupo al Estado por el daño causado a un particular es una actitud valiente y da un mensaje positivo de cara a la sociedad. De todas maneras, las condiciones que hicieron imposible el drama de L. M. R. no se modificaron. Es el Estado el responsable de asegurar que las mujeres y niñas puedan acceder al aborto legal de manera que nunca más se produzca un caso similar”. Ella también reafirma que el concepto de aborto legal abarca los casos de violación, los embarazos inviables y también cuando corre peligro la vida o salud de la madre. Pero muchos casos que no son atendidos en el sistema público de salud, en realidad, sí pueden encuadrarse en los abortos legales que ordenó atender la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, ya que si una mujer no quiere seguir adelante con su embarazo eso pone en riesgo su salud emocional. “En los últimos años se ha alcanzado a nivel internacional el consenso de que obligar a una mujer o niña a llevar adelante un embarazo no deseado tiene efectos asimilables a la tortura o al trato inhumano, cruel y degradante, tal como lo estableció el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, justamente en el caso de L. M. R. El acceso al aborto en caso de violación o de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada es un derecho humano, entre otros motivos, ya que obligarla a seguir adelante con la gestación genera un daño psicológico que puede ser irreversible”, explica Belski. A pesar de todas las deudas, las muertas, las lesionadas, las presas, las maltratadas, las excluidas, todavía levanta polémica la campaña que hizo Sofía Gala, durante el embarazo de su hijo Dante, para la revista La Garganta Poderosa con la inscripción en su panza “En mi cuerpo decido yo”. Los medios hicieron barullo, como si su panza fuera el blanco de un rubor social que mira para otro lado cuando los abortos suceden al lado pero en silencio. Sofía eligió no callar, mirar de frente y lucir el orgullo de su maternidad libre y decidida como emblema de una libertad compartida. Por eso, también reivindicó “Si yo voy a parir, yo voy a elegir”.

viernes, 12 de diciembre de 2014

la tentativa de aborto de la mujer no es punible, artículo 88

Atención, Jueces y Fiscales, la tentativa de aborto no es punible, lean en este Blog, a Fiscales que determinan esto. ARTICULO 88. - Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

Una cobertura mediática que no habla de la salud de las mujeres

11 de Diciembre de 2014 La "clínica" clandestina funcionaba en un espacio partidario Ciudadela: allanan un local ilegal en el que se practicaban abortos La Policía Federal detuvo al ex diputado provincial carapintada Daniel Omar Herrera, en un local del partido Unión Popular. La dueña del lugar y una médica también fueron detenidas. Tres chicas quedaron internadas en un hospital. Lucía Alvarez Ciudadela: allanan un local ilegal en el que se practicaban abortos In fraganti - Al momento del procedimiento, había una mujer en el precario quirófano en plena intervención - Foto: santiago pandolfi La escena muestra todas las aristas de la clandestinidad. Un local partidario vinculado a Eduardo Duhalde, el ex presidente que habla del aborto como un "asesinato", vuelto una clínica de abortos ilegales. Un ex diputado, con un historial político ligado a Aldo Rico, a cargo del negocio. Tres mujeres que, impedidas de realizarse una interrupción del embarazo en mejor condiciones, asisten a la clínica en la mañana y salen al mediodía encapuchadas, tapadas, ante las cámaras que filman todo en vivo. Placas de noticieros que anuncian "Alerta". Vecinos que dicen saber de la clínica hace años, pero se quejan ante la tele del flagelo de la inseguridad. En el mediodía de ayer, efectivos de la Policía Federal allanaron un local con carteles del Partido Unión Popular en la localidad de Ciudadela. La policía actuó por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, de San Martín, a cargo del doctor Mariano Andrés Porto, y según fuentes judiciales, los efectivos ingresaron a la fuerza mientras se estaban realizando las intervenciones quirúrgicas. El operativo concluyó con la identificación de 12 personas y tres detenidos que fueron trasladados a la delegación San Martín de la Policía Federal: la titular de la propiedad, una argentina de 66 años; una médica de 75 años y el ex diputado Daniel Omar Herrara, fundador del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Ayer, al ser detenido, Herrera se presentó como presidente del "Unión Popular" aunque ese partido difundió en la noche un comunicado en el que aseguraba estar desvinculado de él. Durante la requisa, los efectivos de la Federal encontraron medicamentos e instrumentos ginecológicos y en las habitaciones del fondo, tres mujeres de 18, 19 y 20 años. Las jóvenes fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Ramón Carrillo, de la Ciudad de Buenos Aires. Por la noche, representantes del Consejo Nacional de Mujeres, representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron en el centro de salud para asistir a las víctimas. Al cierre de esta edición, no habían podido acceder a ninguna información ni habían podido comunicarse con ellas. Aunque les dijeron informalmente que estaban bien de salud. El aborto es, en general, un delito poco perseguido. Ayer no hubo explicaciones claras sobre por qué se realizó el allanamiento, así como tampoco se aclaró por qué se pidió la asistencia de la Policía Federal en un caso que lleva adelante la justicia de la provincia de Buenos Aires. "Esto parece venir más del lado político, que del lado judicial. La noticia no es la clínica clandestina, es el ex diputado", sugirieron fuentes policiales a este diario. « Una cobertura mediática que no habla de la salud de las mujeres 12:34 PM. La placa dice: "Alerta". El notero de C5N anuncia en vivo que se trata de un allanamiento en un local donde hacen abortos clandestinos. La cámara no lo muestra a él, sino a una joven trasladada sobre una camilla. Tiene el cuerpo cubierto por una frazada y el rostro tapado por una tela negra. El notero dice que la policía entró en medio de una intervención. Encuentra a una mujer en la calle, la increpa: –Señora, ¿quién es usted? –Trabajo para el partido, pero no sé nada, no jodan. Tengo cáncer, cortala –responde con tono alcoholizado, los ojos cubiertos por unos lentes negros. La placa cambia, ahora dice: "Entró la policía durante los abortos". La pantalla está partida: de un lado, el local en vivo; del otro, las imágenes de "hace instantes", otra vez las mujeres que salen en las camillas. En el piso, interpelan al notero con un tono preocupante: –Adrián, insisto, ¿el local es muy grande? –El local, como podemos ver, es un local bastante grande. Entran tres autos. En ningún momento, nadie pregunta por la salud de esas mujeres. Nadie asocia la noticia al negocio millonario de los abortos clandestinos, o a la campaña por su legalización, a la necesidad de debatirlo al menos. Tres horas más tarde, cuando ya no queda nada en Ciudadela, las cámaras encuentran a un vecino sobre su auto, se le abalanzan. El vecino se queja de la inseguridad y de "todo lo que pasa en Ciudadela". no se allanan clínicas para las clases altas Lourdes Bascary Cuando nos referimos al impacto discriminatorio que se habilita con la penalización del aborto nos referimos a este tipo de hechos. Las "clínicas del terror" son siempre lugares a los que acceden las mujeres de menos recursos, cuando logran acceder a estas prácticas en algún lugar que funcione como clínica. No hay registros de allanamientos de este tipo, con cobertura mediática de por medio, a clínicas privadas para clase media y alta, a pesar de que existen seguramente, ya que en el país abortan mujeres de todas las clases sociales. Esta investigación reafirma que la selectividad del derecho penal –perseguir a los más pobres– también se da contra las mujeres. Estas mujeres, que vivieron lo que se vio en las cámaras como un operativo judicial mediático, son víctimas de una sucesiva y acumulativa vulneración de derechos. Debemos ser enfáticos: no hay claridad sobre si esas mujeres estaban accediendo a una práctica ilegal o si estaban resolviendo –por el contrario– la ausencia estatal que se niega a brindar servicios de interrupción del embarazo en condiciones de seguridad aun en los casos en que son legales. Fueron filmadas vulnerando su derecho a la intimidad, se puso en riesgo su salud, se las violentó física y psicológicamente sólo porque ejercieron su derecho a decidir frente a un embarazo que no pueden enfrentar. 11 de Diciembre de 2014 leyes flojas de papeles Germán Pablo Cardoso La cruda realidad de la clandestinidad deja al libre albedrío la interpretación de ella, el uso político de las investigaciones y allanamientos en vivo. ¿Quién o quienes están atrás de esta movida? Esto muestra cabalmente lo que llega a hacer una mujer que está dispuesta a todo ante un embarazo no deseado, enfrenta la precariedad absoluta, en un galpón, haciendo la cola hasta que le toque a ella. ¿Es o no es poner en riesgo la vida? Mantener el aborto en el closet genera estas situaciones, no se habla, no se dice, que se las arreglen. Así es cómo se las arreglan, a esto es donde son empujadas. Unas lo hacen en un galpón y otras, por suerte, con su ginecólogo en un quirófano. ¿Hay o no hay inequidad social? Los anti elección o anti derechos se reclutan en la derecha, de donde proviene este ex diputado, ex Modin. Allí, la doble moral: se declama por un lado y se actúa por el otro. ¿Qué otro interés, sino el económico, mueve a este Caballero de Justicia de la Muy Noble y Augusta Orden de Santa María de los Buenos Ayres? Ojalá esta situación sirva para poner en la agenda al aborto, para que esas mujeres tengan herramientas y para que no tengan que sufrir el peso de la injusticia social que generan estas leyes flojitas de papeles. *Fundador de Grupo Médico Argentino por el Derecho a Decidir

martes, 2 de diciembre de 2014

Las andanzas del fiscal Martín López Zavaleta: Aborto, Dr Germán Pablo Cardoso: Nulidad y sobreseimiento.

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver el presente incidente de nulidad de la causa nº 23.195/2011 del registro de la Secretaría nº 142 del Tribunal. Y CONSIDERANDO: Reconoce su inicio el incidente, en razón de las manifestaciones vertidas por el Defensor Público Oficial ante los Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de lo que estimó como una violación a la garantía del juez natural, en tanto el Sr. Juez local que previno, a su entender, carecía de competencia en razón de la materia para hacerlo.- Expuso en su alegato el Dr. Mariano Luis Bertelotti – Titular de la Defensoría Oficial nº 13 de la justicia de la ciudad- que: “…Si esto no fuera suficiente, se impone señalar el problema que se generó con una investigación en un fuero que resultaba incompetente. Si bien el Sr. Fiscal intentó justificar esta investigación embrionaria, lo cierto es que si uno analiza el expediente, desde la foja 1 surge que lo que se investigaba eran intervenciones quirúrgicas relacionadas con abortos. En todos los elementos de convicción colectados el delito era de aborto. La pregunta es, ¿ Por qué se siguió investigando?. Esto debe ser analizado en la justicia nacional, pero esta defensa no puede dejar de advertir los vicios por violarse la garantía del Juez natural. Aclaro que no planteo la nulidad en este momento, lo que si hago es advertirlo para que sea tenida en cuenta por la justicia nacional…”(vide fs. 247/249).- En oportunidad de la vista conferida al Sr. Fiscal, Dr. Pablo G. RECCHINI, Titular de la Fiscalía de instrucción nº 44, postuló la admisión del planteo nulificante articulado por la defensa, y así entendió que debía declararse la nulidad de aquellos autos mediante los cuales, primero se dispuso la intervención telefónica de los abonados nº 15-59269799 02293 – 15 – 51- 4532 y la creación de la cuenta espejo de correo electrónico casilla atrasomenstual@yahoo.com.ar –fs 87/88-; y luego el allanamiento del domicilio de la calle Carlos Calvo 1656 piso 3ro. Departamento “H” de esta Ciudad – fs. 113/115-, tras lo cual se labró el acta que dio cumplimiento de la medica donde se materializó el secuestro de diversos elementos –fs. 209/215-. Estimo que la nulidad planteada, era de las previstas en el artículo 36 del Código de forma, que tenía por objeto salvaguardar la garantía del juez natural, al sancionar con nulidad los actos dictados en inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia. Así, hizo mención que se trataba de una investigación iniciada por el Sr, Jefe del Ärea Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, quien “…desarrollando las actividades que le son atribuidas por su función, desde un ordenador propio… con el fin de detectar la comisión de posibles delitos de nuestra competencia…”dándose con una web donde” … usuarios recomienda los servicios de un individuo el cual realiza intervenciones quirúrgicas relacionadas a abortos en Capital Federal…”, Que ello significaba, que desde el momento mismo en que se tomó conocimiento del hecho, se decidió iniciar la investigación para identificar a la persona que proporciona ese servicio: es decir, la investigación relativa a la probable comisión sel delito de ejercicio ilegal de la medicina.- Dijo, que eran contundentes los elementos hallados en búsqueda inicial – las impresiones de foros en los que se intercambian mensajes sobre experiencias y un sujeto que practicaba aborto a las mujeres que así lo soliciten y paguen por ello-, que incluía además la sugestiva denominación de la casilla de correo electrónico bajo investigación. Destacó que para despejar toda duda sobre el actuar de la pesquisa, bastaba con leer las actuaciones policiales glosadas a fs. 1/81, el requerimiento fiscal de intervención de dos líneas telefónicas y la creación de una cuenta espejo del correo electrónico de fs. 83/84, como así también la resolución judicial de fs 87/88 que admite este pedimento. En esas piezas dijo, tanto el Fiscal como el Juez para fundar sus pronunciamientos, aludieron a que el objeto de la investigación implicaba dar con el autor de las prácticas abortivas.- Destacó también el Representante del Ministerio Público Fiscal, que el enmascaramiento del verdadero objeto procesal bajo investigación, continuó una vez que el sumario fue recibido por el Sr. Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo que de manera patente lucía del decreto de fs. 82, que a su vez se contradecía con lo mencionado en el dictamen de fs. 83/84 donde expresamente se aludía a la existencia de una persona aún no identificada, que ofrecía servicios médicos quirúrgicos destinados a la realización de abortos. Entonces consideró que resulta evidente que desde el inicio del legajo se trató de una investigación por un delito ajeno a la competencia material de la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los actos dictados resultaban nulos.- Así, mencionó que la nulidad era de carácter absoluto pues incumbía a la capacidad objetiva – competencia – exigida por el at. 167 inciso 1º de la ley procesal para la valida de las actuaciones, de acuerdo con las precisiones del art. 168 del mismo cuerpo de normas. Ello así, en tanto consideró que la competencia era uno de los pilares que contribuían al sostenimiento de las garantías del juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional).- En lo relativo a los actos alcanzados por la sanción, estimó que debía serlo respecto de los ya mencionados al inicio, en la medida que fueron dispuestos por un magistrado que carecía de competencia en razón de la materia y sin que pudiera admitirse la intervención de la justicia local, debido a que carece de elementos suficientes para determinar la competencia, en tanto al estándar fijado al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación aludía a supuestos en los que debía establecerse la base fáctica sobre la que versaría la investigación, lo cual en el caso, ya se había establecido en el mismo momento del inicio del sumario –fs. 1-. Al respecto puntualizó, que la única duda que podía admitirse en ese momento con relación a la calificación legal, lo era respecto al autor de los abortos, es decir, si revestía la calidad de médico – art. 85 y 86 del Código Penal-, pero ninguna de esas hipótesis habilitaba la competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.- Puso de relieve además, que el artículo 36 del Código adjetivo exceptuaba de la sanción de nulidad a los actos irreproducibles, es decir a los enumerados en el art. 200 de este cuerpo normativo, con lo cual estimó, que las intervenciones telefónicas y la creación de la cuenta espejo de correo electrónico no estaban contenidos en tal excepción. Consideró entonces, que debía sancionarse con la nulidad a esos actos, la que de acuerdo con lo establecido por el art. 172 del Código Procesal Penal de la Nación, debía hacerse extensiva a las grabaciones de las conversaciones obtenidas mediante las intervenciones telefónicas y las transcripciones respectivas.- También impetró la declaración de nulidad por extensión, con relación al allanamiento practicado en el domicilio de la calle Carlos CALVO 1645 piso 3ro. Dto “H” de esta Ciudad y del acta labrada en oportunidad de materializarlo –fs. 113/115 y fs. 209/215-, para lo cual tuvo en cuenta, que se evidenciaban dos cuestiones que obstaban a su validez. La primera, constituida por el hecho que no poseía la fundamentación suficiente dado que surgía como consecuencia de la nulidad del material obtenido en la intervención telefónica,- A su vez, la segunda resultaba de la supuesta situación apremiante que ameritaba practicar la diligencia – evitar que se concretara un nuevo aborto -, cuando en realidad se había tomado conocimiento en la concreción de esa intervención quirúrgica el día 3 de junio de 2011, pero recién el día 7 de es mismo mes y ano, se había requerido el correspondiente allanamiento. Entonces, si se estaba ante una hipótesis delictiva ajena a la competencia de la Juez, entendió el Dr. RECCHINI que contaba con otros medios no gravosos en esa jurisdicción, como para evitar la consumación de otro aborto; que no acarrearan la nulidad de lo actuado.- Apreció entonces, que la invalidez del allanamiento implicaba también extenderla hacia todo lo actuado en el procedimiento llevado a cabo para ejecutarlo, en razón de lo cual, todos los elementos secuestrados en la ocasión, no podrán se incorporados al proceso como pruebas válidas. Reseñó además en sustento de su opinión, diversa doctrina y jurisprudencia que estimó aplicable al caso.- De su lado, también se le dio vista a la Defensora Oficial, por lo que la Dra. Silvia MUSSI de ODRIOZOLA, quien en el escrito de fs. 13, también impetró que se admitiera el planteo articulado y en consecuencia, se declarase la nulidad de todo lo actuado. Explicó al respecto, que surgía del sumario que se estaba tratando de descubrir prácticas abortivas, enmascarándolo con la apariencia de una investigación por el presunto delito de ejercicio ilegal de la medicina, cuando ya desde fs. 1 y de las tareas realizadas por el Jefe del Área Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitana surgía el conocimiento del delito que se debía investigar y aún así, se siguió con esas tareas.- Expuso que tal extremo, también se evidenciaba de la solicitud de intervención /telefónica y creación de cuenta espejo de correo electrónico de fs 83/84, como así también de la resolución de fs. 87/88 donde el juez interviniente resolvió sobre el pedido.- De ese modo, al estimar que los actos cuestionados han sido llevados adelante por un Juez que no tenía la competencia para hacerlo, consideró que se había violado la garantía del juez natural reconocida por la Constitución Nacional y por el art. 1º del Código Procesal Penal de la Nación. Por ello, teniendo en consideración lo establecido por el art. 36 de la ley adjetiva, solicitó la nulidad de la resolución de fs. 87/88, del allanamiento de fs. 113/115 y del acta donde se llevó a cabo esa medida y secuestró elementos, obrante a fs. 209/2150- Así las cosas, al encontrarse la incidencia en condiciones de se resuelta, adelanto desde ahora que sobre la base de consideraciones que se harán debidamente, se dispondrá la nulidad de todo lo actuado en el sumario principal desde su génesis.- Estimo que durante la tramitación de este legajo, se ha violado en dos oportunidades el principio constitucional del juez natural –art. 18 de la Constitución Nacional-. La primera cuando se inició la investigación de un modo anómalo, sin que se contase con una notitia criminis cierta, sino que por lo contrario, ex profeso, es decir “navegando” a través de un buscador de contenidos de Internet a partir del cual, se encaminó la labor hacia la búsqueda de delitos que pudieran cometerse en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.- También se conculcó el derecho al debido proceso, cuando intervino en la causa un Juez Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, el cual a sabiendas que el real objeto de la investigación no lo constituía el presunto ejercicio ilegal de la medicina, sino la realización de prácticas abortivas y que por ende no pseía competencia material para el juzgamiento, dispuso una serie de diligencias probatorias, que a la postre redundaron en la detención del imputado y el secuestro de diversos elementos en el domicilio allanado.- Ambas situaciones, por su irregularidad, sellaron lamentablemente la suerte del sumario hacia la anulación de todo lo actuado desde el mismo momento en que se inició la investigación; pues de haberse respetado principios constitucionales básicos, quizás otro hubiera sido el destino de la pesquisa.- Hecha esa reseña, ha de examinarse primeramente el actuar de la fuerza de seguridad que previno específicamente lo que respecta al acta inicial agregada a fd. 1 En ese sentido, cabe puntualizar que el Comisionado Carlos Gabriel ROJAS –Jefe del Ärea Especial de Investigaciones Telemáticas de la Policía Metropolitano-, asentó de manera concreta y específica que el personal a su cargo: “…desarrollando las actividades que les son atribuidas por su función…Se pudo constatar en la página web…, usuarios del mismo recomiendan los servicios de un individuo el cual realizaría intervenciones quirúrgicas relacionadas a abortos en Capital Federal…” Destácase en tal sentido, que el aludido jefe policial no firmó el acta en cuestión.- A simple vista y sin ningún tipo de dubitaciones, debe entenderse que la labor de investigación se dirigió yq desde ese 30 de marzo del año en curso, a establecer la identidad de ese sujeto que practicaba abortos, Una prueba de ello, también lo constituyen las impresiones de las páginas de Internet que lucen a fs. 2/7 donde especialmente se alude a esas prácticas destinadas a interrumpir embarazos.- De ese modo, el hecho de haber caratulado las actuaciones como “AVERIGUACIÓN EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA”, no fue más que u modo de disimular el verdadero camino de la investigación, que a todas luces excedía el marco de competencia y conocimiento de la justicia penal local.- Asimismo, el funcionario policial de mención y sus colaboradores no han siquiera expresado de manera objetiva cual ha sido el criterio que se utilizó para “detectar la comisión de posibles delitos de nuestra competencia” y, de qué modo justamente se arribó a los foros virtuales relacionados con aborto cínico y quirúrgico (a través del enlace “http://foro.enfemenino.com/forum/f95/f6952f95-Aborto-clínico-y-quirúrgico-en-argentina.html mencionado en el acta inicial) cuando se trata de un delito que palmariamente los excedía.- Esta situación por lo demás irregular, no ha permitido el debido control jurisdiccional a efectos de analizar aquellas circunstancias que llevaron a los funcionarios integrantes de la fuerza de seguridad interviniente, a iniciar el sumario del modo en que se hizo y en ese preciso momento, extremo que permitiría descartar también, que no se tratase de un caso de “forum Shopping” que pueda afectar el principio del juez natural consagrado en la Ley Suprema y en los Tratados Internacionales a ella incorporados.- Justamente, de la pieza inicial solo emerge un modo arbitrario de seleccionar la conducta respecto de la que se efectuarían las averiguaciones respectivas, lo que afecta de un modo cierto la protección constitucional contra los procesos no realizados en debida forma, es decir, en el supuesto concreto, sin la correspondiente intervención del Juez que la ley sustantiva ha llamado exclusivamente a conocer.- No puede sostenerse válidamente que el Comisionado ROJAS integrante de la Policía Metropolitana – que reitero, no firmó el acta-, o el personal a sus órdenes, desconociera la diferencia entre el tipo penal del delito de ejercicio ilegal de la medicina con el de aborto, y que por esa razón se omitiera dar intervención a la Justicia Nacional.- De otro lado, es dable mencionar que de haber tomado intervención la Justicia Nacional en lo Criminal de Instrucción desde los albores del legajo, otra hubiera sido la normativa procesal aplicable al caso, la que justamente, asegura la intervención del Juez en todos los actos que pudieran afectar derechos de los sujetos involucrados. Ello no ha sucedido en el expediente principal, donde la Policía Metropolitana recopiló y solicitó información – con la supuesta anuencia del Fiscal local- en franca contradicción con las indicaciones del Código Procesal de la Nación. Lo expuesto fuerza a concluir, que se actuó de manera deliberada y con la finalidad de evitar la intervención del juez natural erigido por la ley: En consecuencia, la garantía contemplada en el art. 18 de la Constitución Nacional, se ha visto seriamente afectada.- Ante un supuesto de similares aristas al aquí examinado, el Superior sostuvo: “…Si no se desprende pauta objetiva alguna que permita sustentar la selección por parte del personal preventor del inmueble publicado en los avisos clasificados , ya uqe el texto, del que surge la oferta de servicios de carácter sexual, no puede desprenderse indicio alguno que permite suponer la comisión de un ilícito, debe declararse la nulidad de lo actuado. Admitir los actos realizados por los preventores posteriormente sería convalidar un accionar que desde el inicio ha contrariado garantías constitucionales y, por otro lado, puede esconder un supuesto de forum Shopping realizado por funcionarios policiales, con la consiguiente afectación a las garantías de juez natural e imparcial, ya que puede ocurrir que dichos funcionarios, conocedores del orden de turnos de los jueces de instrucción, demoren o adelanten la noticia del inicio de actuaciones, para asignar el caso a un órgano determinado (del voto del Dr. Bruzzone). Aún cuando las taréas de investigación hacen a la incumbencia propia de la función policial (art. 183 C.P.P.N.), bajo este rótulo no puede convalidarse el inicio de cualquier sumario. La simple mención de los funcionarios preventores a que realizaron taréas de investigación, por medio de la “explotación de la prensa”, no es suficiente para habilitar válidamente un proceso penal, ya que resulta imprescindible que los motivos de la labor de las fuerzas de seguridad estén expresamente expuestos y puedan ser posterior mente comprobables. Los estándares jurispudencialmente exigidos para el supuesto de sospecha razonable resultan de la aplicación de tal modo. Que los funcionarios policiales deben exponer la totalidad de las circunstancias que lo llevaron a iniciar el sumario en cuestión, a fin de poder controlar la medida judicialmente.- (del voto del Dr. Rimondi)…” (C.C.C., Sala I, causa nº 25.661, rta 5/05/2005).- Ahora bien, en lo atingente a la actuación del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº8 de la Ciudad de Buenos Aires, se distingue también que esa intervención fustigó de la misma manera la garantía constitucional del debido proceso –art.18 de la Carta Magna-, en la medida que al tomar primigenio conocimiento de la labor que ya había desarrollado la fuerza de seguridad metropolitana, sin más avaló las medidas de la pesquisa, lo que derivó en atribuirse competencia que no le correspondía. Pues, a esa altura de la investigación, ya se sabía que el substrato fáctico excedía el ejercicio ilegal de la medicina, para transponer hacia una figura penal de una competencia exclusiva de la justicia nacional en lo criminal.- Debo agregar al respecto, que no existe la posibilidad de confundir las figuras legales del ejercicio ilegal de la medicina y la del aborto, ya que presentan diversa aristas disímiles, protegen dos bienes jurídicos distintos y solamente pueden vincularse a traves de un concurso de leyes. Pareciera que en el caso que nos ocupa, se ha tomado como figuras subsidiarias, cuando una seria y adecuada interpretación de las constancias del sumario, indicaba indefectiblemente que se intentaba individualizar a esa persona que era sindicada como quien practicaba intervenciones quirúrgicas abortivas.- En efecto, más allá de lo que puedo haber consignado el Sr. Fiscal en el decreto de determinación de hechos que hace a fs. 83/84, lo cierto ws que el Dr. Alfredo DURANTE, de acuerdo con los fundamentos que volcó en el auto de fs. 87/88, sin ningún tipo de dubitación aceptó la posibilidad que se estuviera investigando el delito de aborto y no, como se pretendió hacer cree, el ejercicio ilegal de la medicina. Especialmente cuando dijo”…En efecto, conforme surge de la sucesión de reseñas puntualizadas a lo largo del relato efectuado en párrafos anteriores, todos los comentarios, sugerencias y propuestas efectuadas por quienes ya lo hicieron o bien se desean someter a una práctica abortiva, aluden a los mismos canales para contactarse u obtener mayor información al respecto…” (el destacado me pertenece)- De esa forma quedó patentizada la notable violación a la garantía constitucional del juez natural, dado que el magistrado que ordenó las intervenciones telefónicas (que a la postre permitieron individualizar a CARDOZO, proceder a su detención y a secuestrar los objetos que poseía en su consultorio), no resultaba competente para juzgar la posible perpretación de un delito de aborto y tampoco existían razones de urgencia para que pueda justificar su proceder.- Esa manifiesta irregularidad, como bien es traído a colación por el Dr. Pablo RECCHINI, tampoco pudo verse siquiera subsanada por la posibilidad que el acontecer en investigación resultase de difícil encuadramiento jurídico, pues más allá del embuste que significó hacer creer que se trataba de una maniobra que podía encasillarse en el delito de ejercicio ilegal de la medicina, el Sr. Juez de la Ciudad de Buenos Aires, con las constancias que tuvo a la vista y que incluso explicitó en su resolución, no debió tener mayores vacilaciones sobre su incompetencia. Desde siempre se habló y se investigó a una persona que practicaba abortos, más allá que fuera médico o no, lo cual en definitiva tendría que ver con la posibilidad de agravar esa figura básica.- En esa senda, será aplicable al caso lo dispuesto por el art. 36 del Código Procesal Penal de la Nación cuando reza: “ “La inobservancia de las reglas para determinadas competencias en razón de la materia producirá la nulidad de las actos…”.- La doctrina relativa a ese articulado ha referido: “…Con ello va dicho que la norma castiga con la nulidad de los actos del proceso sólo casos extremos de violación del principio del juez natural, esto es aquello que hubiesen sido cumplidos en evidencia de la inhabilidad del juez actuante…podrá ser patente “ab inicio”, hipótesis en la cual la invalidez abarcará la totalidad de los procedimientos realizados…” (Navarro-Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Pensamiento Jurídico Editora, Edición 1996. Tomo 1, página 102).- De tal suerte, tomando como referencia los postulados de la norma citada y lo establecido por el art. 172 del Código de forma, se anularán todos los actos llevados a cabo en la investigación de los autos principales, a partir del acta inicial de fs.1. Ello así, en la medida en que la transgresión aquí analizada ha incidido en el curso de la labor pesquisiva, y que además los actos son irrepetibles –art. 200 del mismo cuerpo de normas-, por lo que existe un interés jurídico a reparar a favor del imputado, mediante la sanción de la nulidad.- Sentado ello, he de referir que si bien la declaración de nulidad debe ser evaluada como la última ratio en materia de sanciones procesales, estimo que por las especiales características que evidencian el caso traído a la jurisdicción procede su declaración, a la vez que por la aplicación de la “regla de exclusión”, la anulación se hará extensiva a loa actos dependientes del viciado. En efecto, siguiendo los lineamientos expuestos por el Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Gustavo A. BOSSERT en el fallo “ODONE, Luis Alberto s/infr. Arts. 172 y 173, inciso 7 C.P. –causa nº 8886-“, la regla de exclusión, como una expresión más amplia de la “ teoría del fruto del árbol envenenado” concebida por la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, debe ser tomada como una doctrina que no sólo permite restar valor a la prueba viciada, sino extender esa sanción aun a las restantes que guarden relación. Esta solución tiene como loable finalidad desterrar futuros comportamientos inadecuados de los agentes de prevención, cuando en determinadas circunstancias, pueda resultar el remedio más adecuado para reencauzar el proceso penal.- Entonces, la sanción de nulidad se extenderá hacia todos los actos llevados a cabo en el sumario desde el la foja 1 que permitió dar curso inicial a la dausa, sea que se trate de aquellos que materializó la prevención, o bien por caso, los perfeccionados por el órgano jurisdiccional que previno en primer término que se derivaron necesariamente de aquel.- Ante esta situación, dado que por haberse anulado la totalidad de las probanzas colectadas en el legajo, se ha visto cercenada la posibilidad de obtener un cauce alternativo de pesquisa, habré de disponer el sobreseimiento de imputado Germán Pablo CARDOZO y el archivo de las actuaciones por no poder proceder –arts. 193 in fine y 336 inciso 2º del C.P.P.N:- De otro lado, eln lo que respecta a los elementos hallados dentro del inmueble que utilizaba CARDOZO para ejercer su actividad y que fueron secuestrados en el acta de fs. 209/215, se dispondrá su decomiso. Ello así, pues mas allá de la solución a la que se arribará aquí, lo cierto es que, para el caso en que se hubiera respetado el debido proceso legal, nos encontraríamos ante una conducta que constituiría un delito. De tal modo, habida cuenta que – a excepción de los documentos, dinero y enceres personales del imputado- todos los elementos que se hallaron se vinculaban a la actividad que llevaba a cabo el acusado, que excedía el ejercicio de la actividad del arte de curar para el que estaba habilitado a practicar, se impone decomisarlo para, justamente impedir, que puedan ser ulteriormente utilizados con ese fin, de por si aberrante – art. 23 del Código Penal de la Nación.- En la misma senda, se pondrá en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación – Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras-. Que otorgó la matrícula de médico a Germán Pablo CARDOZO, tanto lo aquí resuelto, como así también el auto de falta de mérito documentado en el principal donde se reseñó el acontecimiento objeto de la investigación, a los fines que pudieran corresponder en el ámbito de su exclusiva competencia.- Asimismo, se librará oficio al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de comunicarle lo resuelto a través del presente, ello a los efectos que arbitre las medidas que considere adecuada respecto del personal de la Policía Metropolitana.- En mérito de todo lo expuesto y por la aplicación de lo establecido por los arts 18 de la Constitución Nacional, 23 del Código Penal de la Nación, 1º, 36, 167, 172, 195 última parte, 200 y 336 inciso 2do del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde y así: RESUELVO: I) DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la foja 1 de esta causa nº 23.195/2011 del registro de la Secretaría nº 142 del Tribunal. II) SOBRESEER a GERMÁN PABLO CARDOZO EN ESTA CAUSA Nº 23.195/2011 DEL Tribunal, en orden al hecho por el cual fue formalmente indagado, como lo expresa la mención que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que pudo haber gozado.- III) ARCHIVAR esta causa nº 23.195/2011 del registro de la Secretaría nº 142 del Tribunal.- IV) DECOMISAR los elementos secuestrados en el acta de allanamiento de fs. 209/215, a excepción de los papeles, dinero y enceres personales del imputado – art. 23 del Código Penal de la Nación – Dirección Nacional de registro, Fiscalización y Sanidad de >fronteras-, a los fines que pudieran corresponder en el ámbito de su competencia con relación al médico GERMÁN PABLO CARDOZO (Matrícula Nacional 135.932). Para ello se librará oficio al que se adjuntará copia del presente y de lo resuelto a fs. 264/266.- V) COMUNICAR mediante oficio de estilo, lo aquí resuelto al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a los lineamientos expuestos en el considerando.- Notifíquese, al imputado y su defensa mediante cédula de urgente diligenciamiento, tómese razón y firme que sea, cúmplase con lo dispuesto en el punto dispositivo IV y archívese.-